EL CONVENTILLO LEGISLATIVO MOSTRÓ LA CARA DE LA IMPUNIDAD
(Por: Esteban Íbalo)
El cuerpo de diputados impuso a paso redoblado el accionar de la conspiración. Derogaron la ley que prohibía la minería a cielo abierto, coartaron el ingreso de los ciudadanos y se dieron a la fuga. El comisario Legislativo, reconoció que fue “una orden” de los diputados.
Lejos de la prerrogativa democrática que dicen sostener los miembros de la Legislatura Provincial en consonancia con las políticas del gobernador Luís Beder Herrera en La Rioja, la sesión del día siete de Agosto del 2.008 quedará grabada como un recuerdo que se resume en “impotencia y frustración” para la ciudadanía riojana representada por chileciteños, capitalinos y sanagasteños a quienes directamente se les prohibió ingresar al recinto legislativo Santo Tomás Moro del Consejo Deliberante, donde el pasado siete de Agosto sesionaron los diputados provinciales y derogaron las leyes 8.137 y 8.138 que prohibían la minería “a cielo abierto” y obligaban a la consulta popular obligatoria por parte de los órganos estatales en el tema minero.
Lejos de toda coherencia política, los diputados volvieron al “mitin legislativo” por un mismos tema: la cuestión minera, en la cual estuvieron casi los mismos que en septiembre del 2.007, cuando obedeciendo a la orden del en ese momento vicegobernador Luís Beder Herrera, votaban a favor de las dos leyes que ahora meses después, impulsados por el mismo patrón tuvieron que derogar.
El hecho se transformó en un antecedente insólito pero que no sorprende a una provincia acostumbrada al avasallamiento. Durante la sesión, los legisladores dieron la orden de “no dejar pasar” a los ciudadanos auto-convocados y eso representó una violación concreta a los derechos civiles y constitucionales que se ejercen en un gobierno que se pronuncia como democrático, debido a que las sesiones legislativas constitucionalmente representan un acto público en el cual se permite la presencia ciudadana, situación que en este caso particular, funcionó de la manera contraria.
Es que a los ciudadanos de los departamentos Chilecito, Capital y Sanagasta se les prohibió ingresar a la sala de sesiones bajo la orden “expresa” de los diputados, que antes de comenzar con el proceso, resolvieron bajar la orden a la policía para controlar los accesos y prohibir el ingreso a los ciudadanos presentes; en un acto aberrante y siniestro teniendo en cuenta el carácter público que representan el accionar legislativo.
Sin embargo, ante la ilegalidad del procedimiento policial y legislativo de coartar el ingreso, la realidad del momento se oscureció aun más ante el reconocimiento público del comisario legislativo de apellido Pedraza, quien en declaraciones dijo que hubo directivas claras para no dejar pasar a los manifestantes. “He recibido órdenes. No los puedo dejar pasar y esa orden tengo que cumplirla”. Pero esas las declaraciones se tornaron mas confusas todavía, cuando se le dijo que las sesiones son públicas y el funcionario de seguridad en un tono de obediencia debida y resignación, lo aceptó diciendo: “Si… y yo lo lamentó”
Seguramente a la luz de los hechos surgirán muchos interrogantes en medio de una sesión fugaz en donde los proyectos de ley se trabajaron de forma rápida y a puertas cerradas, atajando el paso de un grupo de ciudadanos que a la voz “del pueblo quiere saber” tuvieron que ver sus derechos civiles pintados en un papel e ignorados no solo por el personal policial, sino peor aún, por los diputados provinciales que fueran elegidos para representar la voluntad del pueblo y no la de un gobernador.
El siete de agosto del 2.008 será una fecha de luto no solo para estos riojanos que quisieron poner en juego la “participación” como el mayor instrumento de un sistema democrático, sino que por segunda ves en menos de un año, tuvieron que ser testigo de la sanción de una nueva ley que no tuvo fundamentaciones y por la cual, sus gestores los diputados, votaron, sancionaron y nuevamente se dieron a la fuga por la puerta del fondo.
(Por: Esteban Íbalo)
El cuerpo de diputados impuso a paso redoblado el accionar de la conspiración. Derogaron la ley que prohibía la minería a cielo abierto, coartaron el ingreso de los ciudadanos y se dieron a la fuga. El comisario Legislativo, reconoció que fue “una orden” de los diputados.
Lejos de la prerrogativa democrática que dicen sostener los miembros de la Legislatura Provincial en consonancia con las políticas del gobernador Luís Beder Herrera en La Rioja, la sesión del día siete de Agosto del 2.008 quedará grabada como un recuerdo que se resume en “impotencia y frustración” para la ciudadanía riojana representada por chileciteños, capitalinos y sanagasteños a quienes directamente se les prohibió ingresar al recinto legislativo Santo Tomás Moro del Consejo Deliberante, donde el pasado siete de Agosto sesionaron los diputados provinciales y derogaron las leyes 8.137 y 8.138 que prohibían la minería “a cielo abierto” y obligaban a la consulta popular obligatoria por parte de los órganos estatales en el tema minero.
Lejos de toda coherencia política, los diputados volvieron al “mitin legislativo” por un mismos tema: la cuestión minera, en la cual estuvieron casi los mismos que en septiembre del 2.007, cuando obedeciendo a la orden del en ese momento vicegobernador Luís Beder Herrera, votaban a favor de las dos leyes que ahora meses después, impulsados por el mismo patrón tuvieron que derogar.
El hecho se transformó en un antecedente insólito pero que no sorprende a una provincia acostumbrada al avasallamiento. Durante la sesión, los legisladores dieron la orden de “no dejar pasar” a los ciudadanos auto-convocados y eso representó una violación concreta a los derechos civiles y constitucionales que se ejercen en un gobierno que se pronuncia como democrático, debido a que las sesiones legislativas constitucionalmente representan un acto público en el cual se permite la presencia ciudadana, situación que en este caso particular, funcionó de la manera contraria.
Es que a los ciudadanos de los departamentos Chilecito, Capital y Sanagasta se les prohibió ingresar a la sala de sesiones bajo la orden “expresa” de los diputados, que antes de comenzar con el proceso, resolvieron bajar la orden a la policía para controlar los accesos y prohibir el ingreso a los ciudadanos presentes; en un acto aberrante y siniestro teniendo en cuenta el carácter público que representan el accionar legislativo.
Sin embargo, ante la ilegalidad del procedimiento policial y legislativo de coartar el ingreso, la realidad del momento se oscureció aun más ante el reconocimiento público del comisario legislativo de apellido Pedraza, quien en declaraciones dijo que hubo directivas claras para no dejar pasar a los manifestantes. “He recibido órdenes. No los puedo dejar pasar y esa orden tengo que cumplirla”. Pero esas las declaraciones se tornaron mas confusas todavía, cuando se le dijo que las sesiones son públicas y el funcionario de seguridad en un tono de obediencia debida y resignación, lo aceptó diciendo: “Si… y yo lo lamentó”
Seguramente a la luz de los hechos surgirán muchos interrogantes en medio de una sesión fugaz en donde los proyectos de ley se trabajaron de forma rápida y a puertas cerradas, atajando el paso de un grupo de ciudadanos que a la voz “del pueblo quiere saber” tuvieron que ver sus derechos civiles pintados en un papel e ignorados no solo por el personal policial, sino peor aún, por los diputados provinciales que fueran elegidos para representar la voluntad del pueblo y no la de un gobernador.
El siete de agosto del 2.008 será una fecha de luto no solo para estos riojanos que quisieron poner en juego la “participación” como el mayor instrumento de un sistema democrático, sino que por segunda ves en menos de un año, tuvieron que ser testigo de la sanción de una nueva ley que no tuvo fundamentaciones y por la cual, sus gestores los diputados, votaron, sancionaron y nuevamente se dieron a la fuga por la puerta del fondo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario