Viveza santacruceña para la explotar suelo mapuche
La empresa estatal FOMICRUZ firmó un contrato con el cacique de la Reserva Laguna Sirven. El jefe indígena es analfabeto y nunca recibió el dinero acordado.
El cacique José Ricardo Lamonau es analfabeto y cuando la minera estatal FOMICRUZ le acercó un contrato para la explotación de uranio en su campo estampó su dedo gordo entintado en el lugar de la firma.
Así autorizó a que desde el 1º de noviembre de 2008 al 11 de septiembre de 2009 Fomento Minero Santa Cruz pueda explorar el suelo en Estancia Laguna Sirven (una reserva Mapuche). Cuando tiempo después el ministro de Planificación Julio De Vido anunció que en Santa Cruz se produciría uranio sólo puso en palabras una actividad que el gobierno provincial ya estaba llevando a la práctica.
El artículo 3º del contrato que lleva la huella dactilar de Lamonau determina que “en concepto de retribución por el permiso concedido se abonará (al cacique) la suma de $ 42.900, pagando el 50% a la firma de acuerdo y otro 50% a los seis meses” de vigencia del acuerdo, que además es renovable por períodos consecutivos de 12 meses.
El jefe mapuche jamás vio ese dinero (sólo recibió un adelanto de $2.000), según denuncian sus hermanos y otros integrantes de la comunidad, quienes se enteraron de la existencia del convenio de pura casualidad.
“Es un hombre que no es capaz de distinguir entre un billete de 10 pesos y otro de 100”, le contó a Criticadigital la concejal del municipio de Las Heras Graciela Artiles, quien junto a otros ediles se reunió con la familia Limonau luego de ser consultada para proceder a la nulidad del acuerdo por tratarse, una de las partes, de una persona “inculta que no tenía conocimiento de lo que firmaba”.
Los miembros de la comunidad mapuche también le manifestaron a los concejales su rechazo a la exploración del suelo y la explotación de aquellos recursos que estén dentro de sus tierras.
Limonau guarda una copia del convenio pero dice no recordar quien firmó por parte de la empresa minera (lo hizo el Miguel Angel Ferro, presidente de FOMICRUZ) aunque sí recuerda que al momento de la firma se encontraba “Lalo” (el intendente de Las Heras, Teodoro Camino), quien —según una fuente consultada por este medio— “desconoce la existencia del contrato”.
domingo, 29 de marzo de 2009
viernes, 6 de marzo de 2009
lunes, 2 de marzo de 2009
FALLO JUDICIAL IMPIDIO LA EXPLOTACION DE URANIO
Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y afecta una iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que impulsa un proyecto en esa provincia. Los ambientalistas riojanos lo ponen como ejemplo para frenar al organismo en su proyecto de Sanagasta.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas contra el desarrollo minero en la provincia informaron que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no puede reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada, situada en Mendoza.
Y puso ese fallo judicial como ejemplo y antecedente para impedir que el organismo nacional avance con su proyecto en la región de Sanagasta, aquí en La Rioja, donde verifica yacimientos de uranio para determinar si es conveniente su explotación.
Según se precisó, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, que había ordenado a CNEA "abstenerse de iniciar en Sierra Pintada tareas que impliquen explotación productiva" de uranio.
La noticia fue difundida por FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente, una organización con status consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y miembro de la RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista).
La Cámara Federal dispuso esta trascendente medida en el marco de las acciones de amparo "Gómez Carmona Beatriz Lucrecia" y "Arenas Gabriel Francisco y Bitar María Graciela", iniciadas ambas contra la Comisión Nacional de Energía Atómica. El objetivo de ambas acciones es lograr la remediación total de los pasivos ambientales que existen en la mina de Sierra Pintada "en base al cumplimiento de la ley vigente", y la realización de estudios de impacto ambiental "exhaustivos e independientes".
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mendoza (Sala B) está integrada por los magistrados Luis Francisco Miret, Carlos M. Pereyra González y Antonio Alberto Endeiza.
Paulina Martínez, una de las abogadas patrocinantes, sostuvo que el fallo "se inscribe en la más moderna doctrina ambiental" y que el resultado obtenido "muestra la importancia de accionar judicialmente cuando el Estado, en este caso CNEA, pretende hacer una remediación inicial en lugar de tratar la totalidad de los residuos que existen en la mina de uranio de Sierra Pintada".
La remediación parcial planteada por CNEA pretendía tratar menos del 4% de todo el uranio residual almacenado en la mina para poder reiniciar la explotación.
Raul Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, quien tuvo a su cargo los aspectos técnicos de las presentaciones, sostuvo que esta decisión judicial "es trascendente por que coloca en primer lugar la necesidad de tratar todos los residuos de la mina, y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Montenegro indicó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que en el arroyo El Tigre, aguas abajo de la mina, "se encontraron concentraciones de uranio superiores a 75 microgramos por litro, cuando la ley nacional de residuos peligrosos solo permite para agua de irrigación 10 microgramos por litro".
Agregó que este valor "contrasta con el reducido contenido de uranio que tiene el río Diamante, apenas 1 microgramo por litro". El Tigre es uno de los pequeños afluentes del río Diamante, cuya cuenca provee de agua a San Rafael. Raúl Montenegro sostuvo finalmente que CNEA "ha ido dejando en el país numerosas minas de uranio sin tratar" y que ahora "tardíamente pretende tratarlas con un crédito del Banco Mundial que todos deberemos pagar".
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas contra el desarrollo minero en la provincia informaron que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no puede reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada, situada en Mendoza.
Y puso ese fallo judicial como ejemplo y antecedente para impedir que el organismo nacional avance con su proyecto en la región de Sanagasta, aquí en La Rioja, donde verifica yacimientos de uranio para determinar si es conveniente su explotación.
Según se precisó, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael, Héctor Raúl Acosta, que había ordenado a CNEA "abstenerse de iniciar en Sierra Pintada tareas que impliquen explotación productiva" de uranio.
La noticia fue difundida por FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente, una organización con status consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y miembro de la RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista).
La Cámara Federal dispuso esta trascendente medida en el marco de las acciones de amparo "Gómez Carmona Beatriz Lucrecia" y "Arenas Gabriel Francisco y Bitar María Graciela", iniciadas ambas contra la Comisión Nacional de Energía Atómica. El objetivo de ambas acciones es lograr la remediación total de los pasivos ambientales que existen en la mina de Sierra Pintada "en base al cumplimiento de la ley vigente", y la realización de estudios de impacto ambiental "exhaustivos e independientes".
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mendoza (Sala B) está integrada por los magistrados Luis Francisco Miret, Carlos M. Pereyra González y Antonio Alberto Endeiza.
Paulina Martínez, una de las abogadas patrocinantes, sostuvo que el fallo "se inscribe en la más moderna doctrina ambiental" y que el resultado obtenido "muestra la importancia de accionar judicialmente cuando el Estado, en este caso CNEA, pretende hacer una remediación inicial en lugar de tratar la totalidad de los residuos que existen en la mina de uranio de Sierra Pintada".
La remediación parcial planteada por CNEA pretendía tratar menos del 4% de todo el uranio residual almacenado en la mina para poder reiniciar la explotación.
Raul Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, quien tuvo a su cargo los aspectos técnicos de las presentaciones, sostuvo que esta decisión judicial "es trascendente por que coloca en primer lugar la necesidad de tratar todos los residuos de la mina, y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Montenegro indicó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que en el arroyo El Tigre, aguas abajo de la mina, "se encontraron concentraciones de uranio superiores a 75 microgramos por litro, cuando la ley nacional de residuos peligrosos solo permite para agua de irrigación 10 microgramos por litro".
Agregó que este valor "contrasta con el reducido contenido de uranio que tiene el río Diamante, apenas 1 microgramo por litro". El Tigre es uno de los pequeños afluentes del río Diamante, cuya cuenca provee de agua a San Rafael. Raúl Montenegro sostuvo finalmente que CNEA "ha ido dejando en el país numerosas minas de uranio sin tratar" y que ahora "tardíamente pretende tratarlas con un crédito del Banco Mundial que todos deberemos pagar".
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